Dos imputados no declaran en audiencia del martes
Luciana Ferrari y Federico Santich, dos de los principales implicados en la investigación sobre presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), decidieron no declarar ante la justicia en el día de ayer. Este caso tiene a muchos expectantes, ya que toca un tema delicado: la compra de medicamentos a droguerías que involucra a personas y entidades que deberían velar por el bienestar de quienes más lo necesitan.
Ferrari, que fue Directora de Prestaciones Médicas durante la gestión de Pablo Atchabahian entre 2018 y 2019 y actualmente trabaja en Roche S.A.Q.E.I, decidió ejercer su derecho al silencio. Es interesante notar cómo los vínculos profesionales pueden complicar estas situaciones judiciales, ya que su carrera parece haber estado entrelazada con las decisiones que hoy son cuestionadas.
### La acusación del fiscal Picardi
El fiscal Franco Picardi ha dejado claras sus intenciones al presentar la acusación. Para él, Ferrari actuaba como una “operadora externa”, incluso sin estar oficialmente designada en ANDIS. Ejecutaba órdenes de Atchabahian y de su mano derecha, Daniel María Garbellini, también involucrado en el caso.
En su exposición, el fiscal afirmó que Ferrari ejercía funciones de manera ilegal, gestionando “tickets” en el sistema SIIPFIS y organizando compras de prestaciones. Fuentes sostienen que ella además compartía información sobre acuerdos entre droguerías, todo mientras trabajaba en Roche, lo que genera aún más preguntas sobre la ética de sus acciones.
### La dinámica de Santich
Por su parte, Santich, quien es gerente y accionista de Profusión SRL, también eligió no declarar. Estaba en conexión con la firma Profarma S.A., que fue allanada en el marco de esta investigación. El fiscal mencionó que las conversaciones entre Santich y Miguel Calvete, un empresario ya condenado por otro caso de corrupción, revelan la magnitud del entramado.
Además, según se indica, Santich utilizaba la contraseña de Lorena Di Giorno, una exempleada de ANDIS y también acusada, para acceder al sistema SIIPFIS. Este tipo de entramados es preocupante, especialmente considerando el impacto que pueden tener en la gestión de recursos destinados a las personas con discapacidad.
El caso sigue desarrollándose y es un reflejo de cómo ciertos individuos pueden usar su posición para manipular situaciones para beneficio propio. Estas revelaciones son solo la punta del iceberg de un propio entramado que merece gran atención por parte de la sociedad y de la justicia.